Tanto los cobros a los deudores del CAE como el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa —es decir, sin autorización judicial— evidencian atribuciones excesivas. Estas medidas lesionan derechos fundamentales y seguramente generarán grandes arbitrariedades por parte de la autoridad estatal.
El fundamento del Estado liberal es un gobierno con límites claros a sus atribuciones; sin embargo, este poder que se le pretende conferir refleja exactamente lo contrario.
Así como rechazaríamos que extrajeran dinero de nuestras cuentas sin orden judicial, también debemos oponernos a la revisión arbitraria de nuestros gastos. La privacidad, el patrimonio, la seguridad y la confianza en el sistema bancario son pilares fundamentales en la sociedad del siglo XXI.
Por ello, considero que se trata de facultades exorbitantes que deben ser eliminadas o rechazadas, especialmente en lo relativo al secreto bancario.
Esto no implica oponerse en términos absolutos al levantamiento del secreto bancario, sino exigir que toda intervención cuente con la autorización previa de un juez de garantía. Tampoco significa evadir el pago del CAE. Cumplir con esta obligación es fundamental, pues permite financiar la educación superior de las futuras generaciones.
En definitiva, el planteamiento central es fiel a la advertencia de la canción de Molotov: si le das más poder al poder, más duro te van a venir a oprimir.